Hoy es el 90º aniversario del Seguro Social. En 1935, cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt firmó la ley que creó este programa federal, nuestro país estaba en plena Gran Depresión.
Al principio, el Seguro Social funcionó principalmente para brindarles beneficios de jubilación a los trabajadores de 65 años de edad en adelante. Luego fue expandido para incluir a dependientes y supervivientes de personas jubiladas así como a trabajadores con discapacidades.
Hoy, más de 70 millones de personas —una de cinco residentes de Estados Unidos— recibe beneficios del Seguro Social.
Es la jubilación que nos hemos ganado. Es la seguridad que se nos ha prometido. Y este programa federal ha sobrevivido a lo largo del tiempo.
Pero el Seguro Social está siendo atacado hoy como nunca antes. Y debemos fortalecer nuestra voluntad de protegerlo.
Como lo dijo el Presidente de AFSCME Lee Saunders en comunicado de prensa, los ataques representan “un asalto coordinado contra la libertad de los trabajadores de jubilarse con dignidad —todo para enriquecer a los ricos aún más”.
AFSCME tiene una larga tradición de luchar para proteger el Seguro Social. Hoy estamos fortaleciendo ese compromiso.
“Vamos a seguir luchando por construir una economía en que la gente que ha trabajado duro toda su vida pueda jubilarse con seguridad y sin miedo de cómo se las van a arreglar para vivir y comer”, dijo Saunders. “Esa es la promesa del Seguro Social. Al unir nuestras fuerzas, podemos asegurar que lo protegemos para los trabajadores de hoy y para futuras generaciones”.
Hace unos meses, el así llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) obtuvo acceso ilegalmente a los datos sensibles de la Administración del Seguro Social, potencialmente poniendo en riesgo la información de los beneficiarios. AFSCME y nuestros aliados logramos parar estas maniobras temporalmente gracias a un mandamiento judicial. Nuestra demanda contra las acciones de DOGE sigue pendiente en un tribunal.
La nueva ley, conocida en inglés como “One Big Beautiful Bill Act”, amenaza los beneficios de los actuales y futuros jubilados, todo para darles a los multimillonarios recortes fiscales más grandes.
Además, la administración ha reducido los servicios de los que dependen las personas de la tercera edad y otros beneficiarios al cerrar oficinas y despedir a trabajadores que mantienen funcionando el Seguro Social.
Eso no es todo. La administración ha amenazado con limitar el acceso telefónico para servicios rutinarios, como informar sobre un cambio de domicilio u obtener un documento fiscal. Esto forzaría a unos 3.4 millones de beneficiarios a desplazarse a oficinas remotas para verificar su identidad. Se trata de un obstáculo enorme para personas que tienen problemas de movilidad o que viven en zonas rurales.
Como si no fuera suficiente, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, recientemente insinuó que la administración podría estar buscando la manera de privatizar el Seguro Social. La privatización expondría los ahorros de los jubilados a riesgos de mercado y pondría en peligro su seguridad financiera, algo que la gente obrera logró después de toda una vida de trabajo.